Un magistrado federal en Seattle dictó una orden de restricción temporal que impide la implementación de una orden ejecutiva reciente emitida por el exmandatario Donald Trump. Esta medida buscaba restringir el derecho a la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos, provocando una fuerte controversia y una amplia oposición por parte de organizaciones de derechos civiles, fiscales generales y varios estados dirigidos por demócratas.
Un juez federal de Seattle emitió una orden de restricción temporal que bloquea la aplicación de una reciente orden ejecutiva promulgada por el expresidente Donald Trump. La medida pretendía limitar el derecho a la ciudadanía automática por nacimiento en Estados Unidos, lo que generó una intensa polémica y un amplio rechazo entre grupos de derechos civiles, fiscales generales y varios estados liderados por demócratas.
La medida ejecutiva intentaba impedir que los hijos de individuos sin documentación o con visas temporales nacidos en territorio estadounidense adquirieran automáticamente la ciudadanía, a menos que al menos uno de los progenitores fuera ciudadano de Estados Unidos o residente permanente legal. Esta política, denominada «Protección del significado y valor de la ciudadanía estadounidense», desafiaba frontalmente la interpretación tradicional de la 14ª Enmienda de la Constitución, que asegura la ciudadanía por derecho de nacimiento.
La orden ejecutiva buscaba evitar que los hijos de personas indocumentadas o con visas temporales nacidos en suelo estadounidense obtuvieran automáticamente la ciudadanía, salvo que al menos uno de los padres fuera ciudadano estadounidense o residente permanente legal. Esta política, titulada «Protección del significado y el valor de la ciudadanía estadounidense», desafiaba directamente la interpretación histórica de la 14ª Enmienda de la Constitución, que garantiza la ciudadanía por derecho de nacimiento.
La 14ª Enmienda de la Constitución, adoptada en 1868 después de la Guerra Civil, declara que «todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de Estados Unidos y del estado donde habitan». Este principio ha sido ratificado en veredictos anteriores del Tribunal Supremo, como el caso de 1898 que validó la aplicación de la ciudadanía por nacimiento a los descendientes de inmigrantes.
La 14ª Enmienda de la Constitución, adoptada en 1868 tras la Guerra Civil, establece que «todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de Estados Unidos y del estado en el que residen». Este principio ha sido reafirmado en decisiones anteriores del Tribunal Supremo, como el caso de 1898 que confirmó la aplicación de la ciudadanía por nacimiento a los hijos de inmigrantes.
Primer fallo judicial
Primera respuesta judicial
Asimismo, una coalición de 18 estados interpuso una demanda similar en Massachusetts, argumentando que la orden no solo infringe los derechos constitucionales de miles de niños, sino que también impone costos injustos a las localidades involucradas.
Además, una coalición de 18 estados presentó una demanda similar en Massachusetts, alegando que la orden no solo viola los derechos constitucionales de miles de niños, sino que también impone costos indebidos a las localidades afectadas.
El principio de ciudadanía por nacimiento ha sido esencial en Estados Unidos desde la implementación de la 14ª Enmienda. Dicha enmienda fue creada para asegurar que los afroamericanos emancipados tras la abolición de la esclavitud fueran reconocidos como ciudadanos plenos. Desde entonces, ha constituido un pilar central de la identidad constitucional de la nación.
Aunque durante su primer mandato Trump había advertido con adoptar medidas para restringir este derecho, nunca las llevó a cabo. La reciente orden ejecutiva marca el primer intento formal de reducir este principio a través de una acción directa del Ejecutivo, generando una serie de reacciones legales y políticas.
Aunque durante su primer mandato Trump había amenazado con tomar medidas para restringir este derecho, nunca las implementó. La reciente orden ejecutiva representa el primer intento formal de limitar este principio mediante una acción directa desde el Ejecutivo, generando una oleada de respuestas legales y políticas.
Los defensores de las políticas migratorias restrictivas sostienen que la ciudadanía por nacimiento fomenta el «turismo de natalidad» y la inmigración irregular, argumentando que muchas mujeres embarazadas cruzan la frontera con la intención de que sus hijos nazcan en Estados Unidos y adquieran automáticamente la ciudadanía. Sin embargo, expertos constitucionales y juristas han manifestado que cualquier modificación a este principio requeriría una enmienda constitucional o un fallo del Tribunal Supremo, y no puede ser aplicada unilateralmente por el presidente a través de una orden ejecutiva.
Los partidarios de las políticas restrictivas de inmigración argumentan que la ciudadanía por nacimiento incentiva el «turismo de natalidad» y la inmigración irregular, sugiriendo que muchas mujeres embarazadas cruzan la frontera con el objetivo de que sus hijos nazcan en Estados Unidos y obtengan automáticamente la ciudadanía. Sin embargo, expertos constitucionales y juristas han señalado que cualquier cambio en este principio requeriría una enmienda constitucional o una decisión del Tribunal Supremo, y no puede ser implementado unilateralmente por el presidente mediante una orden ejecutiva.
La decisión del magistrado Coughenour señala el comienzo de lo que se prevé será una prolongada disputa legal sobre la interpretación y aplicación de la 14ª Enmienda. A medida que las demandas progresen en el sistema judicial, se anticipa que el caso llegará finalmente al Tribunal Supremo, donde se decidirá la constitucionalidad de esta polémica medida.
El fallo del juez Coughenour marca el inicio de lo que se anticipa será una larga batalla legal en torno a la interpretación y aplicación de la 14ª Enmienda. A medida que las demandas avancen en el sistema judicial, se espera que el caso llegue eventualmente al Tribunal Supremo, donde se determinará la constitucionalidad de esta controvertida medida.
La decisión del tribunal de Seattle refleja el compromiso continuo de los estados y grupos de derechos civiles por defender los principios constitucionales establecidos y proteger los derechos de los niños nacidos en Estados Unidos. Mientras tanto, la política de Trump sigue siendo objeto de un intenso debate nacional, con implicaciones profundas para la identidad y los valores democráticos del país.