Meta Platforms, la compañía madre de Facebook, está siendo llevada a un proceso legal importante de monopolio en Estados Unidos, instigado por la Comisión Federal de Comercio (FTC). La agencia argumenta que la empresa compró Instagram en 2012 y WhatsApp en 2014 con la intención de eliminar a competidores que estaban surgiendo en el sector de redes sociales, fortaleciendo de este modo su control en el mercado.
La acusación indica que Meta utilizó un enfoque llamado «adquirir o aplastar», comprando empresas rivales para eliminarlas en lugar de competir de manera directa. Según la FTC, estas compras no fueron inversiones estratégicas válidas, sino movimientos para eliminar la competencia y preservar un monopolio en el ámbito de las redes sociales personales. La agencia afirma que estas medidas afectaron a los consumidores al disminuir la innovación y restringir las alternativas disponibles en el mercado.
Por otro lado, Meta defiende que las adquisiciones fueron aprobadas por los reguladores en su momento y que han beneficiado a los usuarios al mejorar la calidad de los servicios ofrecidos. La empresa argumenta que enfrenta una competencia significativa de otras plataformas como TikTok, YouTube y X (anteriormente conocido como Twitter), lo que demuestra que el mercado sigue siendo competitivo. Además, Meta sostiene que la definición del mercado utilizada por la FTC es demasiado limitada y no refleja adecuadamente la dinámica actual del sector.
El proceso judicial, que tiene lugar en una corte federal en Washington D.C., ha capturado el interés porque podría cambiar las normativas sobre monopolios en tiempos digitales. Se anticipa que este caso impacte de manera considerable no solo a Meta, sino también a otras importantes compañías tecnológicas que desarrollan sus actividades en el área de las plataformas sociales y la comunicación digital.
Este proceso judicial se enmarca en un contexto más amplio de creciente escrutinio hacia las grandes tecnológicas por parte de los reguladores estadounidenses. La FTC y el Departamento de Justicia han intensificado sus esfuerzos para abordar lo que perciben como prácticas anticompetitivas en el sector tecnológico, buscando garantizar un entorno de mercado más justo y competitivo.
A medida que progresa el juicio, es probable que se introduzcan más pruebas que puedan impactar en la resolución final del tribunal. El resultado de este caso podría establecer un precedente significativo en la implementación de las leyes antimonopolio en el entorno digital, influenciando cómo las compañías tecnológicas funcionan y se desarrollan en el porvenir.
