Un magistrado federal en Seattle dictó una orden de restricción temporal que impide la implementación de una orden ejecutiva reciente emitida por el exmandatario Donald Trump. Esta medida buscaba restringir el derecho a la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos, provocando una fuerte controversia y una amplia oposición por parte de organizaciones de derechos civiles, fiscales generales y varios estados dirigidos por demócratas.
Información sobre la orden ejecutiva
Detalles de la orden ejecutiva
La orden ejecutiva buscaba evitar que los hijos de personas indocumentadas o con visas temporales nacidos en suelo estadounidense obtuvieran automáticamente la ciudadanía, salvo que al menos uno de los padres fuera ciudadano estadounidense o residente permanente legal. Esta política, titulada «Protección del significado y el valor de la ciudadanía estadounidense», desafiaba directamente la interpretación histórica de la 14ª Enmienda de la Constitución, que garantiza la ciudadanía por derecho de nacimiento.
La 14ª Enmienda de la Constitución, adoptada en 1868 después de la Guerra Civil, declara que «todos los individuos nacidos o naturalizados en Estados Unidos, y bajo su jurisdicción, son ciudadanos de Estados Unidos y del estado en el que habitan». Este principio ha sido reafirmado en fallos previos del Tribunal Supremo, como el caso de 1898 que ratificó la aplicación de la ciudadanía por nacimiento a los hijos de inmigrantes.
Diversos grupos, incluidos 22 fiscales generales estatales y diferentes organizaciones de derechos civiles, calificaron de inmediato la orden ejecutiva como inconstitucional. Argumentaron que el presidente carece de potestad para modificar o derogar una enmienda constitucional.
Primer fallo judicial
El magistrado federal John Coughenour, al dictar su orden de restricción, describió la medida de Trump como «abiertamente inconstitucional». La querella presentada en Seattle fue promovida por los estados de Arizona, Illinois, Oregón y Washington, quienes afirman que la orden infringe derechos esenciales y podría tener un impacto considerable en las jurisdicciones locales, como la pérdida de financiación federal para programas infantiles.
Asimismo, una coalición de 18 estados interpuso una demanda similar en Massachusetts, argumentando que la orden no solo infringe los derechos constitucionales de miles de niños, sino que también impone costos injustos a las localidades involucradas.
Antecedentes históricos y legales
La ciudadanía por nacimiento ha sido un principio esencial en Estados Unidos desde la adopción de la 14ª Enmienda. La enmienda fue creada para asegurar que los afroamericanos liberados tras la abolición de la esclavitud fueran reconocidos como ciudadanos plenos. Desde entonces, ha sido un componente clave de la identidad constitucional del país.
Aunque durante su primer mandato Trump había advertido con adoptar medidas para restringir este derecho, nunca las llevó a cabo. La reciente orden ejecutiva marca el primer intento formal de reducir este principio a través de una acción directa del Ejecutivo, generando una serie de reacciones legales y políticas.
La controversia sobre la ciudadanía por nacimiento
Quienes apoyan políticas migratorias más estrictas sostienen que la ciudadanía por nacimiento fomenta el «turismo de natalidad» y la inmigración ilegal, sugiriendo que numerosas mujeres embarazadas cruzan la frontera para que sus hijos nazcan en Estados Unidos y adquieran automáticamente la ciudadanía. No obstante, expertos constitucionales y juristas han indicado que cualquier modificación de este principio necesitaría una enmienda constitucional o un fallo del Tribunal Supremo, y no podría ser impuesta unilateralmente por el presidente a través de una orden ejecutiva.
Consecuencias a futuro
El veredicto del juez Coughenour representa el comienzo de lo que se prevé será un prolongado enfrentamiento legal respecto a la interpretación y aplicación de la 14ª Enmienda. A medida que las acciones legales progresen en el sistema judicial, se anticipa que el caso llegue finalmente al Tribunal Supremo, donde se resolverá la constitucionalidad de esta polémica medida.
El fallo del juez Coughenour marca el inicio de lo que se anticipa será una larga batalla legal en torno a la interpretación y aplicación de la 14ª Enmienda. A medida que las demandas avancen en el sistema judicial, se espera que el caso llegue eventualmente al Tribunal Supremo, donde se determinará la constitucionalidad de esta controvertida medida.
La decisión del tribunal de Seattle refleja el compromiso continuo de los estados y grupos de derechos civiles por defender los principios constitucionales establecidos y proteger los derechos de los niños nacidos en Estados Unidos. Mientras tanto, la política de Trump sigue siendo objeto de un intenso debate nacional, con implicaciones profundas para la identidad y los valores democráticos del país.
